En la primera parte de la mañana, declararon ante el Tribunal de Enjuiciamiento Fernanda Barboni, Nélida Vargas, Paula Mingo y Martín Sterner; ya que todos ellos cumplían funciones en la Legislatura durante el período en que Cecilia Torres Otarola era diputada y estaban en áreas administrativas y de control de personal. Testificaron sobre la normativa y forma de trabajar del personal contratado como asesores de los diputados. Explicaron que hay 27 diputados y está estipulado que cada uno puede nombrar hasta 3 personas como personal político contratado.

Al momento de responder las preguntas tanto del fiscal como los defensores, detallaron que el personal de planta política, no tiene la obligación de concurrir a la Legislatura, no fichan ni tienen régimen de licencia. El control de su trabajo y cumplimiento “lo hace el propio diputado”, afirmó Fernanda Barnoni.

Puntualmente sobre el contrato de Branco Rodera Neira, se mostraron que fueron dos consecutivos firmados por la diputada Cecilia Torres Otarola y por el responsable máximo de la Casa; Roddy Ingram,como vicepresidente 1° de la Legislatura; y luego por José Grazzini, también en su rol de Vicepresidente 1°.

Para el pago mensual de sus servicios como proveedor del Estado, el personal que declaró y que estaba encargado de la administración, afirmó que cuando un diputado “al hacer la factura de pago al contratado, brinda conformidad que los servicios fueron prestados. Quien presenta la factura avala que le paguen el sueldo, porque el control de su trabajo lo hace el diputado”, explicó Paula Mingo.

Luego de un cuarto intermedio siguieron declarando otros empleados de la Legislatura, como Romina James, sobre el mecanismo de contratación y forma de pago a los empleados de planta política.