El fiscal Fidel González y la procuradora de fiscalía, Cecilia Bagnato, llevaron a juicio a tres empleados del Hogar de Adolescentes Varones de Esquel, acusados de violar los deberes de funcionario público. Los imputados son asistidos por Valeria Ponce y Laura Carpinetti, de la Defensa Pública, y por Daniel Sandoval y José Julián Ripa Montuenga, letrados particulares.

Los jueces son Jorge Novarino, Ricardo Rolón y José Luis Ennis, más dos ciudadanos seleccionados en audiencia de Voir Dire. La conformación del tribunal es la que prevé la ley para los casos en los que los imputados sean funcionarios públicos juzgados en relación al ejercicio de su función.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que los imputados vulneraron derechos al menos cuatro jóvenes.

Al momento de los hechos, uno de los adolescentes damnificados tenía 15 años, otro 17 y los otros dos 14 años, según el parte de prensa de la acusación pública.

González explicó que estos chicos llegaron al Hogar porque carecían de un hogar propio que los contuviera. Debían ser cuidados, resguardados y garantizarse su desarrollo en un entorno íntegro, que les permitiera crecer con valores, según se informó oficialmente.

Uno de los imputados era director del Hogar y los otros dos, celadores. En el ejercicio de esa función, de acuerdo a lo recabado por la Fiscalía, “atentaron contra los derechos de estos adolescentes y vulneraron aún más su situación preexistente, maltratándolos con palabras y formas humillantes, incluso hasta el empleo de violencia física”.

El fiscal añadió que los trataban como “vagos, mugrientos, ordinarios; los levantaban pateándoles la cama o tirándoles las sábanas, les pegaban con un trapo de piso, los dejaban afuera sin poder entrar al hogar, y a uno de ellos lo tomaron del cuello y le dieron golpes de puño, además de tratarlo de mentiroso. A otros les pegaron con un palo de escoba en la cabeza”.

Las defensas niegan los hechos y plantean que no se podrán probar las conductas. El imputado que fue filmado por los chicos ejerciendo una de estas conductas, declaró sobre incumplimientos del Estado que no les mandaba partidas suficientes para la comida.

Resta ahora que siga el proceso judicial respectivo para poder determinar responsabilidades en este caso que se disparó en la principal localidad cordillerana de la provincia del Chubut.